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Leo Simón

Leo Simón

Graduado Social

El Constitucional anula el cálculo de la pensión de jubilación de las trabajadoras a tiempo parcial

El TC considera inconstitucional, nulo y discriminatorio el precepto que regula el cálculo de la pensión de jubilación para los contratos a tiempo parcial tanto por vulnerar el derecho de igualdad como por constituir una discriminación indirecta por razón de sexo.

El TC anula, por unanimidad, el primer párrafo de la letra c de la disp. adic. 7ª.1, Regla 3 de la anterior LGSS (1994) que regulaba la cuantía de la pensión de jubilación de los trabajadores a tiempo parcial, cuestión que se contiene actualmente en el art. 248.3 LGSS 2015.

El TC considera que el inciso «de jubilación y» de dicho precepto vulnera el art. 14 CE «desde una doble perspectiva: por un lado, en la medida en que vulnera el derecho a la igualdad ante la ley, pues contiene una diferencia de trato de los trabajadores a tiempo parcial respecto a los trabajadores a tiempo completo; y por otro lado, por discriminación indirecta por razón de sexo, al evidenciarse estadísticamente que la mayoría de los trabajadores a tiempo parcial son mujeres, ocasionándoles la norma cuestionada un efecto perjudicial».

La sentencia establece que existe vulneración del derecho a la igualdad del art. 14 CE al haber «una diferencia de trato en el cómputo de los periodos cotizados entre los trabajadores a tiempo completo y los trabajadores a tiempo parcial, basada en la aplicación de un criterio de proporcionalidad, referido no solo a la cuantía de las bases reguladoras, sino también al cálculo de los periodos de carencia». Al trabajador a tiempo parcial se le hace una reducción razonable en la base reguladora en función de su menor base de cotización, pero lo que no está justificado, según el TC, es una reducción adicional de la base reguladora mediante un porcentaje derivado de un «coeficiente de parcialidad» que reduce el número efectivo de días cotizados.

Este efecto reductor de la base reguladora para quienes tienen el tiempo mínimo de quince años que permite el acceso a la prestación constituye una discriminación indirecta por razón del sexo, al quedar claro a través de las estadísticas que la mayoría de los empleados a tiempo parcial son mujeres, lo que provoca según el TC un «impacto adverso sobre los trabajadores de un determinado sexo», argumentación que sigue la línea de la STJUE de 8 de mayo de 2019 (asunto C-161/18).

El Tribunal Constitucional descarta la retroactividad y señala que, a fin de garantizar el principio de seguridad jurídica, la declaración de nulidad no afectará ni a los conflictos individuales juzgados anteriormente ni a las situaciones administrativas decretadas en firme.

El Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, que recibió inmediatamente la notificación del Tribunal Constitucional, ya está analizando el contenido de la sentencia y así poder realizar los cambios oportunos en los sistemas informáticos para poner en marcha una nueva aplicación que cumpla con lo recogido en su pronunciamiento.

Fuente: CISS Laboral. Consulta el texto original aquí.

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